“La excesiva atención que se le da al sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro por parte del Estado venezolano, y las medidas que el país está tratando de implementar no se justifican bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.
Así lo señaló Claudia Gaudamuz, asesora legal principal del equipo de América Latina y el Caribe de The International Center for Not-For-Profit Law (ICNL), o Centro Internacional para el Derecho Sin Fines de Lucro, durante su participación en el foro “Resultados de la Evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI en Venezuela”, organizado por la A.C. Sinergia, red de ONGs venezolanas de la que el Grupo Social Cesap forma orgullosamente parte.
En el evento, realizado este 23 de agosto de 2023 a través de la plataforma Zoom, también participó Ali Daniels, director de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, y la moderadora fue la vicepresidenta de Sinergia y directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, la periodista Marianella Balbi.
El foro puso de relieve las contradicciones en las que ha incurrido el Estado venezolano en relación con su participación en el GAFI y lo relativo a las Organizaciones Sin Fines de Lucro.
El INFORME de Evaluación Mutua del GAFI es “demoledor”
Estas contradicciones están destacadas en el Informe de la 4ta ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFI-Caribe, que fue publicado por GAFI en inglés en marzo de 2022, y cuya versión en español está, por coincidencia, disponible en español desde este 23 de agosto (puede encontrarse en este enlace en nuestra “Biblioteca Virtual”).
Un silencio que no es casual, como destacó Daniels, por razones más que obvias, como destacó: De las 40 recomendaciones realizadas por GAFI, ninguna se ha cumplido totalmente; solo 9 se han cumplido en forma moderada; 25 se han cumplido parcialmente y cinco no se han cumplido en absoluto.
“Este informe es demoledor: no hay políticas contra la legitimación de capitales en Venezuela”, destacó Daniels. “Es una vergüenza para el Estado venezolano. El problema no es de las organizaciones sin fines de lucro, es del Estado venezolano y este informe lo demuestra”.
Mientras, Marianela Balbi señaló que la providencia 001 de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo (que establece a todas las Organizaciones No Gubernamentales como potenciales armas de financiamiento al terrorismo) “muestra en forma clarísima la intención de reprimir a las ONGs”, contrariando, por cierto, las normas de la propia GAFI, que establecen que ninguna de sus normas puede ir en contramano de los derechos humanos y la libertad de asociación.
La providencia 001-2021 fue cambiada luego de que más de 700 ONGs suscribieron un documento rechazándola, pero en este momento, al menos dos proyectos de Ley pretenden limitar la actividad de las organizaciones sin fines de lucro, apelando, entre otros argumentos, a la lucha contra el terrorismo y la legitimación de capitales.
Un informe del propio Estado que da la razón al GAFI
Adicionalmente, Daniels presentó un informe, reflejado en el Reporte de Evaluación Mutua, de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, que evaluó a más de 9 mil ONGs que tienen acceso al sistema financiero en Venezuela, y en cual se determinó que apenas 44 están consideradas de “alto riesgo” de legitimación de capitales sospechosos, y otras 84 de “riesgo moderado”: menos de 15% del total, lo que quiere decir que todas las restantes son “de bajo riesgo y yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría, de riesgo cero”.
Siendo esto así, destaca este especialista en Derecho Administrativo, no hay ninguna razón para que Sudeban lance una norma general de supervisión de las ONGs que las equipara con casinos, bancos y casas de cambio, sectores de altísimo riesgo de legitimación de capitales.
Por su parte, Claudia Gaudamuz destacó que en la reciente reunión del GAFI América Latina (Gafilat) en Buenos Aires se destacó la preocupación por el uso distorsionado de las normas del GAFI para perseguir a la disidencia política, mostrando a Nicaragua como un caso extremo, pero también poniendo como un caso de atención a Venezuela.
Y agregó que las ONGs venezolanas pueden asociarse para realizar su propio análisis de riesgo de financiamiento al terrorismo para presentarlo al GAFI, o proponer al Estado venezolano una evaluación conjunta que está contemplada en los estatutos de este organismo mundial de control contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Redactor: Pedro García Otero