Foto: © ACNUR/UNHCR/Vincent Tremeau

Acceso al empleo, dificultades para encontrar alojamiento, situación de ilegalidad por falta de documentos en regla, así como discriminación por su nacionalidad, son algunos de los hallazgos del estudio publicado este 19 de julio por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Los resultados se basan en 7.846 entrevistas realizadas en varios países de América Latina y el Caribe entre enero y junio de 2019, en las cuales contestaron preguntas sobre sus experiencias y las de sus familias.

El informe señala que, a pesar de que los gobiernos de la región han otorgado permisos temporales de diferentes tipos a los venezolanos, el 34 % de las personas entrevistadas afirmó no tener ningún tipo de documentación, ya sea porque habían ingresado a un país de manera irregular o porque sus permisos habían expirado. El resto tenía visas de turista o temporales, y solo el 4 % tenía residencia permanente.

El 15% de los entrevistados había solicitado asilo, y otro 26 % indicó que tenía intención de hacerlo. Entre las personas que no manifestaron tener la intención de presentar una solicitud, la mayoría desconocía sus derechos y los procedimientos existentes, y algunos creían erróneamente que solicitar asilo les impediría volver algún día a sus hogares. Es importante señalar que, a pesar del número relativamente bajo de las solicitudes presentadas hasta ahora, los sistemas de asilo en la región están desbordados.

Alrededor del 66 % de los entrevistados declaró que se encontraba sin empleo o que estaba trabajando de manera informal, y el 43 % afirmó tener dificultades para encontrar alojamiento, principalmente debido a la falta de dinero y documentos, así como a la discriminación por su nacionalidad.

Las entrevistas fueron realizadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay, son parte de los esfuerzos coordinados de la Agencia de la ONU para los Refugiados, municipios, ONG asociadas y ministerios públicos, para tener un panorama integral de los riesgos de protección y de la falta de acceso a derechos a los que se enfrentan los venezolanos en los países de tránsito o destino, así como sus necesidades.

El estudio, que se ha realizado utilizando una herramienta de monitoreo de protección estandarizada, ya ha dado lugar a acciones concretas, puesto que los entrevistadores pudieron realizar derivaciones de quienes identificaron como personas en situación riesgo para que recibieran ayuda y seguimiento. De esta manera, entre enero y junio, más de 1.500 personas fueron referidas para asesoramiento u otros servicios.

El monitoreo de protección sigue llevándose a cabo para ofrecer un panorama y un análisis más detallados de la situación de los aproximadamente 3,3 millones de venezolanos que se encuentran actualmente en otros países de América Latina y el Caribe. La hoja de ruta forma parte del Proceso de Quito, una iniciativa liderada por los gobiernos con el objetivo de armonizar las políticas y prácticas estatales, coordinar la respuesta humanitaria, y mejorar el acceso a los servicios y derechos para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela.

Encuesta completa disponible aquí

 

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